Expte. N°:88192/2010

 

AUTOS: “FERNANDEZ LEONCIO CATALINO C/ A.N.Se.S S/  REAJUSTES VARIOS”

                                                                       JUZ. FED. SEG. SOC. N ° 9

                                                                       EXPTE. N° 88192/2010

SALA I - C.F.S.S.

SENTENCIA DEFINITIVA N° 164857

BUENOS AIRES, 10 de noviembre de 2014

AUTOS Y VISTOS:

                        I. Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, contra la sentencia dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal de la Seguridad Social n°9.

                        La actora se agravia respecto a la falta actualización de la PBU, PC y PAP, asimismo se queja de la movilidad posterior al 2007. Por otro lado rechaza el planto de inconstitucionalidad del art 9 de la ley 24.463, el art 26 de la ley 24.241. Solicita la regulación de honorarios como así también la aplicación de la tasa de sustitutividad.  

Puestos los autos en secretaría a los fines del art. 259 del C.P.C.C.N, ha transcurrido el plazo de ley sin que la parte demandada haya presentado el memorial de donde se ha operado la deserción del remedio procesal intentado (Art. 266 del C.P.C.C.C.N.).

II. Surge de las actuaciones administrativas que corren por cuerda que el actor obtuvo su beneficio jubilatorio al amparo de la ley 24.241, obteniendo las prestaciones Prestación Básica Universal, Prestación Compensatoria y Prestación Adicional por Permanencia y habiendo obtenido el beneficio con fecha 1/12/2009.

III. Es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los jueces están obligados a hacer uso de todos los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos. En este sentido se ha afirmado que se “reconoce base constitucional la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir su ocultamiento virtual como exigencia del art. 18 de la ley Fundamental.” (“Helvecia FARIAS vs. ANSES” fallo del 10/08/99)

No obstante las leyes invocadas por ambas partes en las cuestiones puestas a consideración del Juez de grado, atento al fondo de la pretensión incoada, esto es la revisión de los haberes previsionales del actor, y en virtud del principio iura novit curia, es que este Tribunal entiende que debe estarse al régimen en virtud del cual el titular efectivamente consolidó su derecho y tener en cuenta la prestación efectivamente percibida.

IV. Respecto del planteo efectuado por la parte actora en relación a la actualización de la PBU, cabe señalar, que el actor adquirió el beneficio previsional con posterioridad a la vigencia de la ley 26.417. Dicha norma legal, en su artículo cuarto, sustituyó el art. 20 de la ley 24.241 y sus modificatorias, además de establecer un nuevo sistema de cálculo móvil para esa prestación (ver art. 6). Por lo tanto, nos hallamos frente a un nuevo método legal fijado por el legislador para calcular esta prestación, con carácter móvil en el contexto de la ley 26.417 y en ese marco no resulta demostrado que conculque derecho constitucional alguno, por lo que cabe rechazar el agravio.

V. Ahora bien, a efectos de determinar la remuneración promedio para el cálculo de la PAP y PC, corresponde aplicar el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado- (Res. 140/95 Conf. Res. SSS n413/94 concordante con Res. D.E.A. 63/94), en las remuneraciones percibidas por el titular hasta el 28 de febrero de 2009 (“Eliff, Alberto c/ Anses s/ Reajustes Varios”, sentencia del 11 de agosto de 2009, CSJN), debiéndose descontar los aumentos fijados en el decreto 279/08 y en la resolución 298/08, sobre el cálculo efectuado en virtud del precedente “Eliff, Alberto”.

A partir de allí, y hasta la fecha inicial de pago se aplicará la pauta de actualización fijada por la ley 26.417.

VI. En cuanto a la movilidad con posterioridad a la fecha de adquisición del derecho, este Tribunal considera que resulta de aplicación, desde la fecha de adquisición del derecho, la ley 26.417.

VII. En relación al art. 9 de la ley 24.463 y 25 y 26 de la ley 24.241, se deberá posponer para el momento de practicarse liquidación en base a los parámetros ordenados en la sentencia, oportunidad en la que recién podrá ser objeto de análisis la posible confiscatoriedad derivada de su aplicación (cfr. “Del Azar Suaya, Abraham c/ INPS Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividad civil” 25/9/1997).

VIII. En materia de costas, corresponde la aplicación del art. 21 de la ley 24463, que dispone que en todos los casos las mismas sean por su orden, no constituyendo dicha norma, violación alguna a garantías amparadas constitucionalmente. En idéntico sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en autos “Flagello, Vicente c/ ANSeS s/ interrupción de prescripción” de fecha 20 de agosto de 2008.

            IX. Con respecto a la tasa de interés corresponde ordenar la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (Conf. art. 10, Dto. 941/91; C.S.J.N. L. 44 XXIV "López Antonio Miguel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", sentencia del 10/6/92; y "Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otro", sentencia del 17/5/94; “Spitale, Josefa Elida c/ANSES s/Impugnación de resolución administrativa” CSJN sent. del 17/9/04;  y "Fallos" 303:1769; 311:1644, entre otros).

X. En atención a la regulación de honorarios, considerando el mérito de la labor profesional, la naturaleza y complejidad del asunto y el resultado obtenido, corresponde dejar sin efecto los honorarios fijados y regular los mismos, por su actuación en ambas instancias, en el 19% de la suma que resulte capital de condena (cfr. arts. 6, 7, 9 y 14 ley 21.839, mod. por ley 24.432).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

I. Revocar la sentencia recurrida de fs. 42/43.

II. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

III. Ordenar el haber inicial de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero.

IV. Ordenar la movilidad estableciendo lo expuesto en el considerando cuarto.

V. Posponer el tratamiento de los arts 25 y 26 de la ley 24.241 y 9 de la ley 24.463 para el momento procesal oportuno.

VI. Ordenar que el plazo de cumplimiento de la sentencia se ajuste a lo normado por la ley 26.153 (art.2°)

VII. Hacer lugar a la excepción de prescripción de los créditos de fecha anterior a los dos años previos al reclamo administrativo (art. 82 ley 18.037, t. o 1976 y art. 168 ley 24.241).

VIII. Desestimar el restante agravio

IX. Regular los honorarios del letrado de la parte actora,  por su actuación en ambas instancias, en el 19% de la suma que resulte capital de condena (cfr. arts. 6, 7, 9 y 14 ley 21.839, mod. por ley 24.432).

X.  Costas por su orden (conf. Art.21 de la ley 24.463).

Regístrese, notifíquese y remítanse.

 jlg

 

LILIA M.  MAFFEI DE BORGHI     BERNABE L.  CHIRINOS      VICTORIA P. PEREZ TOGNOLA 

                JUEZ                                                        JUEZ                                                        JUEZ

 

Ante mi:

Carlos A Prota

                    Secretario